Ante las noticias de la quiebra del Fideicomiso de las Comunidades Especiales, el desmantelamiento del programa y la evaporación sospechosa de los mil millones asignados, es muy fácil caer en el síndrome boricua de defender instintivamente posturas aparentemente simpáticas sin sacar a la superficie las raíces de su fracaso. Dar por bueno estas iniciativas, sin un reconocimiento de sus errores, soslayando otras iniciativas que sí lograron superar sus deficiencias, nos impide aprender de aquellos. Simplemente nos limitaremos a denunciar a los usuales villanos automáticos, una obsesión que nos divide y nos degrada colectivamente y que profundiza nuestra bipolaridad colonial.
Las semillas del fracaso del Programa de Comunidades Especiales residen en su propia génesis. Que fuera inspirado por una gobernadora que cándidamente acepta que conoció por primera vez la pobreza cuando “bajó” a Cantera siendo alcaldesa, no fue un buen augurio para su éxito. La confesión, que dejó a todos atónitos en un foro de desarrollo económico comunitario, me recordó el relato bíblico del Camino de Damasco, donde Pablo de Tarso, un perseguidor de cristianos, fue lanzado de su caballo, y en el suelo escuchó el mensaje divino que cambiaría su vida y lo convertiría en uno de los teóricos principales del Cristianismo.
Cantera fue, como el proverbial caballo de San Pablo, el verdadero protagonista de una súbita conversión que llevaría a la Sra. Calderón a instrumentar su proyecto de Comunidades Especiales. A pesar de la conversión, el proyecto nunca ha podido desligarse del sustrato paternalista, de las visiones de superioridad social, los déficits de democracia participativa y la visión benefactora y asistencialista de la administración pública.
Hace unos años, mientras conducía un grupo focal, aprendí grandes lecciones de parte de líderes comunitarios en cuanto a qué es la sustentabilidad comunitaria. Aprendí que la sustentabilidad es, en esencia, un estado mental y, desde la perspectiva religiosa, un profundo proceso de conversión. Para promover la sustentabilidad de las comunidades hay que ser y actuar de forma autosustentable. Para lograr tal conversión y tal estado mental, no hay espacio para la soberbia paternalista, para la dependencia y para el asistencialismo.
Muchos elementos esenciales de cultura democrática participativa estuvieron ausentes del proyecto de las Comunidades Especiales. Su implantación soslayó el auténtico apoderamiento político de las comunidades beneficiadas que, a pesar de los mil millones y la superestructura creada, aún claman por mecanismos de participación y de inclusión en sus propios procesos de desarrollo y todavía están carentes de mecanismos para dar sustentabilidad legal, económica y funcional a sus esfuerzos. Porque a fin de cuentas, es la gente la que vence la pobreza, no es el gobierno el que la vence por ellos/as.
Hubo mucha improvisación en la implantación del programa de Comunidades Especiales. Su dirección fue encomendada a académicos universitarios, armados de mucha teoría social pero de poca experiencia administrativo-fiscal y muy deficientes en el manejo y apoderamiento democrático de las comunidades. Relegó a las comunidades y a sus líderes a funciones asesoras, para las cuales debían ser adiestrados, pero nunca los potenció con verdaderas herramientas permanentes para planificar y dirigir su propio desarrollo.
Para empeorar la situación, las Comunidades Especiales se convirtieron en otro campo de batalla de la desgarradora politización partidista puertorriqueña. Generaron una competencia feroz con los alcaldes, amenazados por la súbita irrupción del gobierno estatal en sus entornos vitales de acción e influencia. A falta de verdaderos consensos colaborativos amplios, convirtió a las esferas de poder municipal -las más próximas a las comunidades- en enemigos naturales de sus iniciativas. En el proceso creó enemistades, conflictos y polaridades politizadas insalvables entre los líderes comunitarios y sus municipios que aún persisten y que en ausencia del apoyo paternalista del gobierno, han creado distancias abismales que cancelan muchos de los posibles avances del programa de Comunidades Especiales.
El afán de la Gobernadora Calderón de impulsar una política de re-gubernamentalización de la esfera pública, luego de años de privatizaciones de parte de la administración Pedro Roselló, añadió otra bipolaridad política. Las comunidades se encontraron entonces atrapadas en una competencia caótica entre el gobierno estatal y los municipios, para manufacturar aceleradamente una obra edificada que los posicionara ventajosamente en los sucesivos eventos electorales. La pobre gerencia de estas obras hoy huele a corrupción y a mal manejo fiscal.
Como resultado, muchos grupos comunitarios y organizaciones sin fines de lucro preexistentes en las comunidades fueron marginados, ignorados y a menudo perjudicados. Sus obras y programas de servicio, resultado de años de alianzas con sus comunidades y con sus municipios, se vieron perjudicadas por el tropel de nuevos expertos y promotores comunitarios que, con poca experiencia y precario conocimiento de la realidad de cada una de las comunidades, comenzaron a postular desde arriba, sin un verdadero proceso de planificación participativa y democrática, sus propias versiones de lo que serían las soluciones a implantarse para cada una de las comunidades. Su enfoque, en ese sentido, no fue muy diferente de la subordinante planificación municipal que intentaban corregir.
Quizás, en ausencia de otros modelos y experiencias, hay quien pueda decir que el programa de Comunidades Especiales es lo mejor que le ha pasado a nuestras comunidades, pero la experiencia demuestra lo contrario. Coexisten otros modelos que han sido más efectivos y perdurables, y que demuestran los errores y el déficit de democracia participativa del multimillonario proyecto de Comunidades Especiales.
En Caguas, un alcalde muy familiarizado con la pobreza, hijo de un cortador de caña y de una costurera del barrio rural de Tomás de Castro, creó un modelo alternativo para propulsar la sustentabilidad autogestionaria de sus comunidades que en poco tiempo derivó resultados mucho más efectivos que el modelo estatal de las Comunidades Especiales. Miranda Marín excluyó a su municipio del Programa de Comunidades Especiales, y al así hacerlo, sentó las bases de un proceso más genuino y de mayor permanencia que aún subsiste.
La creación del “nuevo país” de Caguas, propuso maximizar la identidad y el orgullo criollo de cada uno de los once barrios de Caguas como haberes esenciales en un proceso de transformación participativa. No como “comunidades especiales” caracterizadas por su pobreza, sino como comunidades históricas protagonistas en el desarrollo del municipio. La formalización de más de cien organizaciones comunitarias con arraigo local, crearon los núcleos gestores de la planificación local.
Los barrios se integraron a un modelo de gobernanza democrática fundamentada en elementos de democracia y participación ciudadana basados en la planificación estratégica, en el adiestramiento y la capacitación autogestionaria, en el desarrollo de nuevas iniciativas de empresariado social, y en la promoción del desarrollo económico sustentable. En 2003, este acuerdo derivó en la articulación de planes estratégicos locales para cada uno de los once barrios de Caguas, lo que venció las arraigadas resistencias de los barrios a participar en estos procesos.
Los proyectos e iniciativas de los planes estratégicos de los once barrios fueron alineados e incorporados al Plan Estratégico del Municipio Autónomo de Caguas y constituyeron el cuarenta por ciento de sus objetivos. Así, el Plan Estratégico Municipal logró aliar a las comunidades, integrar sus necesidades y validar sus planes estratégicos, propiciando que las comunidades se involucraran en la implantación de proyectos y obras que son, en esencia, de su propia titularidad. En el proceso, varios líderes comunitarios, irrespectivo de sus afiliaciones partidistas, se incorporaron al gobierno municipal como legisladores municipales, una primicia para todo Puerto Rico.
Este modelo de gobernanza democrática ha sido responsable de mejoras sustanciales en la cohesión social de Caguas. El gobierno municipal fue capaz de identificar, capturar e integrar las múltiples iniciativas ciudadanas y, apoyado por la planificación estratégica de abajo hacia arriba de sus barrios, transformó sus insumos en las prioridades y objetivos del plan de gobierno municipal. Como reconoció el propio alcalde, así es fácil gobernar, ya que su obra emana de las necesidades y prioridades expresas de sus comunidades constituyentes.
Que el modelo participativo haya subsistido y evolucionado, ante el fallecimiento a destiempo de su mayor propulsor, como lo demuestra el libro reciente de Lourdes Aponte sobre el Barrio San Salvador que se presentará en la Universidad Metropolitana el próximo 15 de septiembre, es evidencia de su permanencia y sustentabilidad.
Sin los mil millones y las fanfarrias mediáticas, los barrios de Caguas se han integrado permanente e irreversiblemente a la gestión de gobierno de su municipio. En vez de apoyar ciegamente iniciativas cuestionables y acentuar nuestras bipolaridades, tal vez sea mejor reconocer estas experiencias. Así, cuando vengan en algunos meses a pedirnos el voto, podremos conjurar nuestros déficits de democracia exigiendo su implantación en todos los municipios y en la edificación de una gobernanza participativa en todos los ámbitos de nuestra administración pública.
