El Gobierno de Michelle Bachelet continúa con las reformas —educacional, tributaria y nueva constitución— anunciadas durante la campaña presidencial, pilares de un programa de gobierno apoyado por el 62% de los ciudadanos en la última elección. Un plan ambicioso que pretende cambiar algunos aspectos estructurales de Chile, que incluye la reforma del sistema electoral. Después de 25 años, desde el fin de la dictadura y tras cinco gobiernos democráticos, el Parlamento chileno acaba de aprobar un nuevo sistema que reemplazará al binominal implantado por el Gobierno de Augusto Pinochet.
El antiguo mecanismo debutó en las elecciones parlamentarias de 1989, realizadas en paralelo con unas presidenciales en las que la mayoría de los chilenos le encomendó a Patricio Aylwin la tarea de ser el primer presidente democrático después de 17 años. El sistema binominal —que se utilizaba para la elección de diputados y senadores— fue diseñado para mantener una representación equiparada de los dos grandes bloques políticos del país (la Alianza de derecha y la Concertación de centroizquierda), lo que promovió la estabilidad política durante la transición. Este modelo establecía que en cada distrito de diputados y circunscripción de senadores se eligieran solo dos candidatos, resultando electos las primeras mayorías de las dos listas mas votadas. Esto era así salvo cuando un bloque doblaba en sufragios a la otra lista, permitiendo la elección de ambos candidatos del pacto.
En la práctica, sin embargo, se daban situaciones insólitas. Dirigentes con alto respaldo quedaban fuera del hemiciclo aunque llegaran segundos, si no lograban doblar junto a su compañero de lista. Con este sistema, la derecha, con poco más de un tercio de los votos, tenía la mitad del Congreso, mientras otros partidos menores, como el Partido Comunista, estuvieron largos años marginados del Congreso. En 2009 este partido pudo conseguir tres escaños (duplicados cuatro años después) desde el retorno a la democracia, gracias a diferentes pactos con la Concertación.
Con los años, la superación del sistema electoral binominal —uno de los símbolos más persistentes de la institucionalidad diseñada e implementada bajo la dictadura militar de Pinochet— comenzó a ser una demanda de las minorías y, poco a poco, a transformarse en una bandera de lucha de un centroizquierda que ha tardado décadas en asumir la decisión política de reformar un sistema que no daba para más, pero que durante mucho tiempo les convino mantener. Las protestas sociales de 2011 fueron encabezadas por los estudiantes, cuyos líderes más visibles (Camila Vallejo y Giorgio Jackson) se convirtieron, dos años más tarde, en diputados de la bancada comunista, partido que forma parte del Gobierno. Pusieron el binominal en el centro del debate y su modificación se transformó en una de las demandas clave para conseguir un sistema con mejores parámetros democráticos.
En 2013 cuando Bachelet regresó a Chile para repostularse a la Presidencia convirtió el cambio del sistema electoral en una de las medidas estrella de su programa de Gobierno, con el visto bueno de Nueva Mayoría, la coalición integrada por la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y los socialdemócratas del Partido Radical.
El nuevo sistema aprobado por la Cámara de Diputados —tras nueve meses de tramitación y algunas modificaciones— tiene mayores niveles de proporcionalidad y representatividad. Comenzará a regir desde las elecciones parlamentarias de 2017 y, entre otros aspectos, establecerá cupos impares en determinados distritos y circunscripciones, lo que forzará que se termine el empate entre los dos principales conglomerados y se fije un criterio de proporcionalidad según el método D'Hont, en el que el número de escaños a elegir se asigna a base de la proporción de votos obtenidos en los comicios. También aumentará el número de diputados, de 120 a 155, y el de senadores, de 38 a 50, con el objetivo de darle mejor representatividad a los lugares con mayor número de habitantes, como la Región Metropolitana, Valparaíso, Bío-bío y La Araucanía.
El proyecto también implica lo siguiente: un completo rediseño de las actuales zonas electorales de Chile, fusionando varios distritos que serán de mayor tamaño a los que existen actualmente; incentivos para la creación de nuevos partidos políticos (con la reforma se reduce el número de firmas necesarias para la formación de una colectividad de un 0.5% a un 0.25%, según las personas que votaron en la última elección de diputados); y una ley de cuotas que supondría que ningún partido o pacto puede conformar listas de candidatos/as que tengan menos de un 40% ni más de un 60% de representación de cada sexo. Una acción afirmativa que busca corregir la baja participación de las mujeres en la política chilena y una de las deudas que la transición tenía con las chilenas. En el Congreso Nacional las mujeres representan tan solo el 15.8% —frente al promedio regional de 25%—, y a nivel local, la situación no es mucho mejor. En las últimas elecciones municipales (2012), el porcentaje de mujeres concejalas alcanzó un 24% y el de alcaldesas se mantuvo igual al del 2008, en un 12%, lo que sitúa a Chile en el lugar 91 (de 136) referido a la participación femenina en los ámbitos de decisión, públicos y privados.
Aunque no hay ningún sistema electoral ideal, la nueva ley, que será promulgada luego de que el proyecto sea sometido a su revisión por parte del Tribunal Constitucional (a solicitud de la derecha), traerá un Congreso más parecido a Chile, con más mujeres, más jóvenes y una mayor y mejor representación regional.
Lista de imágenes:
1) Foto por Ricardo Stuckert de Agência Brasil, cortesía de Wikimedia Commons.
2) Foto por Claudio Bueno, El Mercurio.
3) Protestas sociales en Chile 2011.
4) Giorgio Jackson y Camila Vallejo, diputados de Chile, foto propiedad de Grupo Copesa.
5) Foto por Claudio Cruz (AFP).
