Hace tiempo que viene acaparando titulares en la prensa mexicana e internacional, pero Michoacán no es un caso aislado. La fuerza del crimen (en todas sus variantes), la debilidad de las instituciones y una conflictividad social de muy diferentes causas mantienen algunas zonas de México en estado de ebullición.
En el vecino Estado de Guerrero, uno de los más pobres del país, la violencia se ha vuelto costumbre y el gobierno encabezado por Ángel Aguirre Rivero, que entre1996-1999 gobernó con el PRI y lo hace ahora con el izquierdista PRD) tiene numerosos frentes abiertos. Grupos de autodefensa vecinales, presentes en 46 de los 81 municipios del Estado según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México, que son paramilitares protegidos por autoridades civiles y militares que sirven a empresas, caciques o partidos políticos intervienen en la actividad de diferentes carteles de narcotraficantes y en las protestas de los maestros en contra de una reforma educativa que constituye uno de los puntales del Pacto por México –el país ocupa uno de los últimos puestos del informe PISA sobre educación– han generado una situación que se puede calificar de desgobierno, si no de verdadero Estado fallido.
En Acapulco, el que fuera refugio vacacional de artistas de Hollywood a mediados de siglo XX y capital económica del Estado, diversos grupos del crimen organizado (el cartel independiente de Acapulco, la familia Michoacana, el cartel de Jalisco Nueva Generación, la barredora…) libran desde el 2005 una guerra de todos contra todos. Esta alienta a su vez la delincuencia común, como se ha visto en los últimos meses con los ataques a turistas. La violación de seis españolas en febrero del año pasado convirtió el crimen en un escándalo internacional y fue todo un golpe a las aspiraciones del presidente municipal Luis Walton (del Movimiento Ciudadano, con 20 diputados, quinta fuerza política del país) de que el destino turístico mexicano más conocido en el mundo recuperara sus días de esplendor.
El Estado de Tamaulipas, en el golfo de México, limítrofe con el estado norteamericano de Texas vive desde hace cuatro años una guerra abierta entre los carteles del Golfo y de los Zetas por el control de una de las principales puertas de entrada de droga a Estados Unidos. La violencia que vive el Estado no es más que un reflejo de la situación en otros muchos puntos del país que sufre la lucha encarnizada de los carteles de la droga por el control de la ruta de la droga que se vende al otro lado de la frontera y expresa la complejidad del conflicto que se vive en México.
La total impunidad con la que los criminales operan en la región –la pérdida de control territorial de las instituciones en algunas zonas, del monopolio de la violencia y la corrupción generalizada– con tres exgobernadores priistas acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de lavado de dinero y delincuencia organizada, impiden cualquier amago de cohesión social y política del Estado más opaco de México. Y las propias agencias de la ONU han dejado de trabajar allá porque no pueden garantizar la seguridad de sus operadores.
Trabajar como periodista en México puede ser una cosa de vida o muerte, sobre todo si se vive y trabaja en Veracruz, una región clave para México por población –casi 8 millones de habitantes– y economía –representa el 6% del PIB nacional– donde 10 profesionales han sido asesinados –crímenes que en la mayoría siguen sin resolverse– y cuatro han desaparecido desde la llegada del priista Javier Duarte a la gubernatura del Estado el 1 de diciembre de 2010. La impunidad que se da en el Estado Oriental es el sustrato en el que se mueven las bandas criminales y las autoridades para acallar a la prensa, especialmente el “gobernador”.
Un líder cuya gestión está siendo muy polémica, empañada por presuntos actos de corrupción –el año pasado fue acusado por el Partido Acción Nacional de dirigir una operación para favorecer electoralmente al Partido Revolucionario Institucional (PRI) que a punto estuvo de acabar con el Pacto con México– su obsesión por los usuarios de las redes sociales –su gobierno intentó procesar judicialmente a un profesor y una periodista, bajo la acusación de ciberterrorismo (habían emitido mensajes en Twitter y Facebook sobre supuestos ataques de criminales a colegios)– y la violencia generalizada, en uno de los Estados más castigados por el crimen organizado en los últimos años.
Desde que en 2006 Felipe Calderón decidiera hacer del combate al narco su estrategia de legitimación, México acumula más muertos que 10 años de guerra en Vietnam –setenta mil– y los capos son hoy más poderosos que nunca. Carteles que en su guerra por el control del negocio del tráfico de droga se han ido desplazando de un Estado a otro –del norte hacia el centro del país– en función de sus victorias y derrotas. Lugares como Ciudad Juárez, Tijuana y Monterrey, ya no ocupan los primeros puestos de la lista de homicidios.
La violencia no cesa, solo se mueve y ahora es Michoacán quien ocupa las primeras páginas de la prensa mundial. Centrado en las reformas económicas –un ambicioso paquete de cambios que incluía una más que controvertida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)– Peña Nieto quitó de sus prioridades el combate al crimen organizado y el conflicto entre narcos y las autodefensas y el aumento de los secuestros y la extorsión han marcado el primer año de mandato del presidente en Los Pinos.
Hace poco mas de una semana que Peña Nieto anunciaba un plan de rescate de 45.500 millones de pesos (3.400 millones de dólares que se divide en cinco ejes –economía, educación y cultura, infraestructura, salud y desarrollo social– que en conjunto suman 250 acciones para intentar reinventar Michoacán. Un Estado fallido que representa la suma de todos los fracasos del Estado mexicano para enfrentarse al crimen organizado, donde los narcotraficantes detentan y ejercen el poder fáctico y “talón de Aquiles” de la tan elogiada internacionalmente agenda de reformas del presidente.
El Estado estaba obligado a intervenir ya, México necesitaba recuperar el monopolio de la violencia legítima en los territorios conflictivos y Michoacán (el plan "Juntos lo vamos a lograr”) puede resultar un buen comienzo.
