Existe la percepción que los sistemas educativos de los pueblos son creados con la finalidad de colaborar en el desarrollo de las destrezas y aptitudes necesarias para garantizar que los individuos que componen las sociedades puedan vivir en comunidad. A base del desarrollo pleno de sus fortalezas, habilidades y capacidades, se espera que puedan forjar para sí, sus familias y sus comunidades bienestar, estabilidad y una vida digna.
Por tanto, los aspectos sociopolíticos de las sociedades están íntimamente ligados a los procesos y contenidos educativos, impactándoles de forma directa. A través de la aprobación e implementación de la ley No Child Left Behind, se presentan varias iniciativas y prácticas adoptadas por el gobierno estadounidense en torno a la educación que obligan a replantear y revisar los principios democráticos que se pretende maticen los procesos educativos y que bien pudieran representar un riesgo a tales efectos. Además, vale la pena echar un vistazo a los procesos de formación de académicos y la influencia de los grandes intereses de negocios en el ámbito educativo y su impacto en los procesos del diseño curricular, su implantación y la evaluación del aprendizaje estudiantil.
Gobierno y Educación: el nivel federal se adentra a las escuelas
Por disposición constitucional, el gobierno federal no está facultado para intervenir en asuntos locales de los estados, entre ellos, los procesos educativos. Siendo así, hasta mediados de la década de los 50’s, los asuntos relacionados a la educación quedaban en manos de líderes locales que manejaban los mismos a base de los intereses y necesidades particulares de sus comunidades. Las escuelas eran concebidas como instituciones comunitarias (Schlechty, 2009).
Como consecuencia del lanzamiento ruso del Sputnik, los intereses gubernamentales estadounidenses se dirigieron a las escuelas públicas. A partir de entonces, y valiéndose de la “spending clause”, el nivel federal ha tomado jurisdicción en los asuntos educacionales, tales como el contenido del currículo y los métodos para medir la efectividad de los procesos de aprendizaje. La ley No Child Left Behind (NCLB) es la más reciente legislación que ejemplifica lo antes expuesto. La economía ha jugado un papel importante en dicha incursión.
Los procesos burocráticos empleados por los líderes de negocios han sido aplicados en muchos aspectos educativos. Ejemplo de esto lo es la implementación del “standards based movement”. Dicho proceso impone a las escuelas una serie de parámetros de control de calidad, una serie de preceptos que se espera que sean alcanzados por los estudiantes. Schelechty (2009) establece como comparable entre la visión de negocios y la educativa, que la imposición de dichos estándares convierte a los estudiantes en productos a los que deben ser aplicados dichos preceptos de calidad para responder a las necesidades e intereses de los líderes corporativos y para las instituciones de educación superior. El autor antes citado establece que son estas dos fuerzas las que impulsan dicho movimiento debido a que como consecuencia se centraliza el poder en las altas esferas gubernamentales, se mantiene fuera del juego a los ciudadanos ordinarios que puedan tener intereses parroquianos y la burocracia les facilita la creación de los productos que les interesa tener a su disposición.
La inmersión de los burócratas en el currículo y sus implicaciones
Los estándares de contenido que sirven de guía para establecer los conocimientos que se espera que obtengan los estudiantes son establecidos por el Estado, a base de las regulaciones federales. Lejos de desarrollar dichos estándares principalmente a base de las necesidades e intereses identificados por los líderes educativos locales, los mismos son impuestos por las altas esferas burocráticas a partir de la consultoría provista por expertos. Schelechty (2009) problematiza lo antes expuesto al establecer que muchos de dichos asesores obtienen sus títulos a nivel graduado y su reputación profesional a base de “grants” y propuestas subvencionadas por grandes corporaciones o, en su defecto, por propuestas aprobadas acorde a los intereses y requerimientos del gobierno federal.
Establece que en su mayoría no poseen experiencia de campo lidiando con la realidad que día a día se vive en las escuelas, convirtiéndolos en intelectuales que responden a los intereses burocráticos que van de la universidad directo a asesorar. Como consecuencia, la participación de maestros, directores escolares, padres y otros componentes de las comunidades escolares son relegados a ser ejecutores de dichas políticas y, atentando contra el principio democrático de la participación y representatividad de todos los sectores involucrados en la toma de decisiones, las escuelas han pasado a ser agencias gubernamentales.
Un impacto directo al currículo que ha tenido el establecimiento de dichos estándares de contenido tiene que ver con el tipo de aprendizaje que se propicia. La medida de calidad del aprendizaje obtenido a base de la implementación de dichos estándares se establece a base de pruebas estandarizadas. Esto a su vez, lejos de promover un aprendizaje significativo y profundo que vaya dirigido al desarrollo holístico del estudiante, convierte en dominante a los procesos de aprendizaje bancario, es decir, la adquisición de datos e informaciones sumadas a procesos poco profundos, que son los que, por lo regular, pueden ser medidos en este tipo de pruebas. Entonces, el contenido curricular se circunscribe a los estándares, restándole flexibilidad y pertinencia.
Otro impacto directo de la implementación de dichos procesos burocráticos tiene que ver con los programas de formación de maestros a nivel sub-graduado. El impacto de la ley NCLB ha sido trascendental, al punto de que muchos los contenidos de los cursos han sido revisados y dirigidos a enseñarles a implementar la política pública vigente basada en la consecución de los estándares de contenido.
Esto, en ocasiones, parece relegar a un segundo plano la enseñanza de estrategias que propulsen el desarrollo de la creatividad y el pensamiento crítico, toda vez que no siempre responde a los intereses definidos y resguardados por la política pública vigente. Esto pudiera traer como consecuencia que menos admitidos a la universidad se interesen por el campo de la Educación o abandonen dicha carrera, en parte por las consecuencias punitivas que trae el no lograr alcanzar las expectativas de las altas esferas gubernamentales establecidas por su sistema de estándares.
A manera de conclusión: formando una educación desde y para los individuos y las comunidades
La relevancia de los educadores radica en gran medida en darle forma a las generaciones del presente futuro. La reducida participación de los maestros de la sala de clases y de los líderes educativos locales a ejecutar las políticas impuestas le han arrebatado dicho poder para ser otorgado a los grandes intereses de los magnates corporativos. La inserción del gobierno federal en las escuelas basada en y en favor de dichos intereses ha provocado que las preferencias y las necesidades de los estudiantes dejen de ser el centro de los procesos educativos.
La meta propuesta por le ley NCLB para el 2014 está muy lejos de cumplirse. Si bien es cierto que la educación debe tener como uno de sus fines, no necesariamente el primordial, preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo, no es menos cierto que hay otros elementos inherentes al desarrollo integral de los seres humanos que también deben ser considerados. Las escuelas no pueden ser vistas como fábricas de mentes programadas a responder a los intereses de otros. Más bien, deber ser concebidas como talleres de formación matizadas por el estímulo de la creatividad, la autogestión y el desarrollo de una conciencia social capaz de aportar a la calidad de vida de los individuos y de los pueblos.
La clave radica en el balance. Es cierto que existen unas necesidades y unos intereses a nivel nacional, pero no es menos cierto que las comunidades poseen sus particularidades, fortalezas y necesidades propias, igual cada individuo. Existen casos que ejemplifican cómo el otorgar participación activa en los procesos de toma de decisiones basados en las necesidades sociales de sus estudiantes a los maestros, directores escolares, superintendentes, padres y otros miembros de la comunidad escolar, redunda en beneficios para todos los sectores involucrados; partiendo siempre del estudiante como centro (Childress, Elmore, Grossman,Moore, 2007).
La educación de los componentes de una sociedad, dictará en gran manera el porvenir de esta. Urge un ejercicio retrospectivo que invite a la repostulación de modelos y prácticas matizadas por la inclusión, que sea de todos, por todos y para todos. Sólo así, democráticamente, se pudiera garantizar la democracia.
Lista de referencias:
Childress, S., Elmore, R., Grossman, A., & Moore Johnson, S. (Eds.). (2007). Managing school districts for high performance: Cases in public education leadership. Cambridge, MA: Harvard Education Press.
Partnership for 21st Century Skills. (2004). Overview: Framework for 21st century learning.
Schlechty, Phillip C. (2009). Leading for Learning How to Transform Schools into Learning Organizations. San Francisco, CA: Jossey- Bass.
Lista de imágenes:
1. Mural "Maestro Rafael Cordero" por Heriberto Tirado, maestro de arte del departamento de educación, junto con sus estudiantes en el 2010.
2. Dr. Ángel Quintero Alfaro impartiendo clases en una de las escuelas modelos en Puerto Rico, 1965-1968.
3. Foto de Primera Hora por suministrada por la escuela María C. Osorio anunciando el plan educativo Kinect, que uso los videojuegos para el aprendizaje.
4. Casa Pueblo en Adjuntas.
