I
La pobre imagen que disfruta la gestión gubernamental en el país, ha dado pie al establecimiento consensual de un discurso que señala lo que anda mal, al tiempo que dirige la mirada en la dirección de cómo podría corregirse. El llamado a “rendir cuentas” no es solo un jalón de orejas; se trata de colocar el dedo en la llaga de lo que, de acuerdo a aquellos/as que lo propulsan, está mal. Para estos/as, no hay una cultura de rendir cuentas en el aparato gubernamental, en parte por crasa incompetencia de los funcionarios públicos, pero también por la falta de criterios objetivos y medibles que permitan dar cuenta de qué se ha hecho y qué falta por hacer.
De aquí que “rendir cuentas” también apunte al interés por implementar una cultura organizacional basada en el establecimiento de objetivos claros y medibles; planes de trabajo que orienten y guíen la consecución de los mismos; una estructura que identifique claramente los entes (o personas) responsables de la ejecución; y, finalmente, una serie de criterios cuantificables que permitan la medición objetiva del nivel de ejecución. Es, después de todo, un intento por imponer una cultura cuantitativa a la administración pública, muy a tono con el espíritu que rige la actividad en la esfera privada.
No es la primera vez que se realiza este reclamo. En la década de los noventa del siglo pasado, la ola de privatizaciones a escala global fue justificada bajo estrictos criterios de eficiencia por los entonces ideólogos del neoliberalismo. Las consecuencias de este proceso son harto conocidas: malversación de fondos, racionamiento de servicios, corrupción, etc. Pero sobre todo, la naturaleza propia del Estado benefactor quedó trastocada a raíz de ello, y las garantías acumuladas (producto de años de lucha) severamente reducidas.
Al pasar a manos privadas, bienes del Estado dejaron de formar parte de la riqueza colectiva amparada a la sombra de éste. La rúbrica de la costo-eficiencia y la imposición de criterios cuantificables (un cambio significativo, pues “bienes” fueron sustituidos por “servicios” en la constitución de la ciudadanía como subjetividad) allanó el camino hacia una cultura del diario vivir, apartada por completo de ideales humanistas (y humanitarios), donde la vida comenzó a transcurrir en el aquí y el ahora.
Si bien es cierto que los propulsores de la cultura de “rendir cuentas” no persiguen, en principio, privatizar nada, no es menos cierto que una cosa lleva a la otra, cuando el modelo a seguir sigue siendo la gestión privada. De aquí que, como telón de fondo, en las narrativas a favor del “rendir cuentas” la figura del Estado se perciba como algo que está demás. “Ineficiencia” (y su prima hermana, “ineficacia”), “burocracia”, “politización”; todos estos adjetivos se emplean a diario al evaluar la operación del aparato gubernamental desde la perspectiva de la prestación de servicios. Incitan además a la comparación.
Así quien observa, irremediablemente, detiene su vista ante lo que, por defecto, termina siendo el modelo a seguir: el consumo. ¿Quién no desearía el que renovar la licencia fuera tan “eficiente” como comprar leche en el Walgreens más cercano? El efecto de comprar (no la fila y espera en el recetario de Walgreens, o la fila del banco a la hora de cambiar el cheque) se construyen como “calidad”, “modelo eficiente”, “paradigma de la prestación de servicios”.
Fuera de este discurso quedan conceptos como “garantías”, “derechos” y “seguridad social”. Cualidades subjetivas, si se quiere, de naturaleza etérea. Consideraciones filosóficas, inquietudes humanistas que para nada provocan “confianza” ni “satisfacción” en el ciudadano devenido consumidor de “servicios”. Todo ello conduce a la demonización de la figura del Estado, quien se presenta más como “obstáculo” que “facilitador”. Este entorpece el paso agitado (para unos, pausado para otros) por una cotidianidad repleta de incertidumbre.
II
Un caso en cuestión: la educación desde el “No Child Left Behind Act” (NCLB). El intento de elevar la calida de la educación y alinearlos de acuerdo a unas prioridades previamente delimitadas, tomó como base el establecimiento de criterios “objetivos” medibles. Doce años mas tarde, y luego de vario escándalos de corrupción, NCLB ha hecho que el ejercicio educativo quede circunscrito al cumplimiento de objetivos específicos por grados; criterios cuantificables y medibles. ¿Para qué se educa?”; “¿con qué propósito?”; “¿cuáles son los objetivos a largo plazo?” Estas preguntas dejaron de formar parte del proceso educativo. Por ello, no fue del nada extrañable que un pasado Secretario de Educación admitiera cándidamente carecer de una “filosofía educativa”.
Esto no impide que los sistemas educativos se vean constantemente asediados por amenazas de pérdida de fondos, cierres de escuelas, privatizaciones, etc. El haber reducido la educación a un serie de medidas, procedimientos, códigos y métodos de naturaleza cuantitativa ha cambiado la naturaleza de los problemas que el sistema enfrentaba con anterioridad. Ahora los retos quedan subsumidos a las cuentas que se deben rendir: cómo cumplir los objetivos de acuerdo a plazos establecidos, medición de niveles de ejecución aceptables, asignación de responsabilidades en caso de no poder cumplir.
Esto, a su vez, ha propiciado una progresiva privatización del aparato educativo en el país: mejoramiento profesional para los maestros, clases remediativas para los estudiantes “rezagados”, tutorías en “horario extendido”, “servicios suplementarios”, etc. Todo ello en manos privadas, que de a poco han logrado quedarse con un pedazo significativo del presupuesto de la agencia. El mayor temor de cualquier director de escuela es la privatización de su plantel (las mal llamadas escuelas “charter”); no se han percatado que los servicios que acompañan el NCLB de por sí representan una privatización del quehacer educativo.
Así la educación se convierte en un cúmulo de destrezas y no en la creación activa de conocimiento. Se digitaliza, si se quiere, la capacidad de ejecución del estudiante: se tienen las destrezas requeridas, si o no; se mide el nivel de ejecución; se evalúa en términos de la consecución de los objetivos deseados (nuevamente, si o no). Quizás por ello la educación universitaria se ha reducido a capacitar individuos en el manejo y ejecución de destrezas específicas, abandonando por completo el estimular la capacidad de pensar del individuo y así cultivar su potencial para resolver problemas.
La “teoría” y lo “teórico” se convierten en la parte maldita de la educación universitaria. A ello se le suma la “historia”, cuyo olor mustio y naturaleza polvorienta despierta alergias en mas de uno. Ambas se miran como obstáculos en la consecución de objetivos medibles, específicos. Los estudiantes las ven como algo etéreo, difícil, sin importancia ni valor utilitario. Por tanto su desdén sistemático, que a su vez es alentado por los “administradores de la enseñanza”. (He aquí otro ejemplo del discurso de la gesta privada como modelo a seguir).
De aquí que la educación universitaria, en este momento, se dedique perennemente a perpetuar el “aquí y el ahora.” Abandonados los objetivos humanistas y las “cuestiones” filosóficas, las inquietudes de cada cual pasan a ser obstáculos en la obtención de las destrezas necesarias para ejecutar tareas específicas. A nadie se le enseña ya a pensar. El conocimiento, en todo caso, ha sido reducido a actividades cuantificables, medibles. Se convierte en “información” y “destrezas”; se reduce a definiciones de un diccionario “en línea”. Nada tienen que ver ya el conocimiento con las formas en que un individuo se enfrenta a lo imprevisto, lo “inconmensurable”.
“Pensemos y actuemos como ingenieros, no como políticos” pide un economista en las páginas de un rotativo del país,[1] queriendo expulsar los subjetivo del mundo que habitamos. Pidiendo, a gritos, ceñirse a una cultura de lo “objetivo”.
III
La recién aprobada reforma del sistema de retiro del país fue, en esencia, un ejercicio en la cultura de “rendir cuentas” en mas de un sentido. De un lado, la aquiescencia con las políticas impuestas por las firmas evaluadoras de crédito y su intromisión indebida, que altera la naturaleza propia del ejercicio democrático y el estado de derecho vigente. Del otro, la reducción de la vida misma a una “numerología” objetiva que no toma en cuenta (ni le interesa) el sufrimiento y la pobreza inmaterial. Fue un ejercicio de “cuadrar la chequera,” el cual tuvo y tendrá el efecto de alterar “objetivamente” la vida de muchos, quienes ahora tendrán que reducir su porvenir a una versión muy personalizada de “rendir cuentas” (hecha a su medida, por cierto).
No debe pasarse por alto el verdadero efecto de esta reforma. Al eliminar la aportación patronal de las futuras pensiones, limitarlas a un ejercicio forzado de ahorro por parte de los trabajadores, el Estado renunció a su obligación (bajo parámetros keynesianos) de redistribuir la riqueza y ocuparse del bienestar de sus ciudadanos. La naturaleza del estado de ley bajo el Estado Libre Asociado ha sido trastocada significativamente. Esta es la carga (como muy agudamente señaló Rodríguez-Casellas[2]) que le espera a las generaciones futuras. La vida fue, en este ejercicio, reducida a una hoja de balance de ingresos y gastos, quedando expulsado de ella toda cualidad subjetiva. Todo por cumplir con los parámetros impuestos, aquí y ahora, por las firmas evaluadoras de crédito.
La aceptación generalizada y contundente de la comunidad de economistas (según quedara expresa en las páginas del periódico El Nuevo Día en su momento), apunta a su grado de complicidad en el asunto.[3] La conformidad con la manera en que se comprometió el porvenir de muchos mientras se gestó el empobrecimiento de generaciones futuras, permite advertir su adicción a lo objetivo.[4] Pero al mismo tiempo, deja entrever la crueldad moralista de su argumento: “basta de gastar a lo loco, es hora de apertrecharse”. Y en ello, revelan sus verdaderas “inquietudes filosóficas” y, baste decir, poco “humanistas”.
Así, rindiendo cuentas, se abandona a los muchos a su suerte, sin tener que preocuparse por el dolor y la miseria. “Inquietudes filosóficas y humanistas,” como señala alguno[5], que a fin de cuentas se puede reducir a algo“.
Notas:
[1] Toral, J. (2013). Clasificación del crédito. El Nuevo Día, jueves 11 de abril del 2013, p. 60.
[2] Miguel Rodríguez-Casellas en su estado de Facebook el 6 de abril de 2013.
[3] Custodio Collazo, M. (2013). Standard and Poors y economistas elogian la reforma al Sistema de Retiro. El Nuevo Día, 6 de abril de 2013. Tomado de http://www.elnuevodia.com/standardandpoorsyeconomistaselogianlareforma
alsistemaderetiro-1484857.html.
[4] De los entrevistados, el único que advirtió sobre este “detalle” fue Vicente Feliciano.
[5] Class Soto, M. (2013). Futuro. El Nuevo Día, 27 de marzo de 2013. Tomada de http://grupocne.org/2013/04/05/futuro/.
Lista de imágnes:
Todas las imágenes son de los proyectos de David Lachapelle Negative currency.
1. U.S. Dollar: One Dollar, 1990-2008.
2. U.S. Dollar: Five Dollars, 1990-2008.
3. U.S. Dollar: One Hundred Dollars, 1990-2008.
4. Chinese Yuan: One Yuan.
5. Chinese Yuan: One Hundred Yuan.
6. Israeli Shekel: Fifty Shekels, 2010.
7. Israeli Shekel: One Hundred Shekels, 2010.
