Acusar de conspiración sediciosa a un colonizado que aboga por la libertad de su tierra es una paradoja viviente. Según la declaración 1514 del 14 diciembre de 1960 adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas:
All peoples have the right to self-determination; by virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.
Estados Unidos no reconoce ni la puertorriqueñidad de Oscar López Rivera ni la condición colonial de Puerto Rico. Sin embargo, como es ciudadano “americano” (sin haberlo pedido), sus ideas separatistas y las circunstancias de sus asociaciones con otros separatistas en búsqueda de la libertad para Puerto Rico, y en ausencia de otra evidencia que justificara su encarcelamiento, el gobierno norteamericano lo acusó de conspiración sediciosa. Pesa sobre su condena la historia de la evolución de las leyes de sedición y las circunstancias históricas que han llevado a que se implanten.
Desde su creación el Acta de Sedición de 1798 de Estados Unidos fue problemática. Con ella se convertía en un crimen federal el “escribir, imprimir, pronunciar o publicar [...] escritos falsos, escandalosos y maliciosos [...] contra el gobierno de los Estados Unidos”. Thomas Jefferson, un republicano de entonces, se opuso inmediatamente a ella por considerarla inconstitucional ante la primera enmienda, que garantiza la libre expresión.[1] De hecho, el tercer presidente de EEUU, intervino para que se cobijara la primera enmienda en la Carta de Derechos, para darle protección constitucional.
Además, se encargó, en un malabar extraordinario de inteligencia y pragmatismo, de proteger a la prensa —los periódicos demócratas-republicanos, fueron perseguidos por los federalistas durante las elecciones de 1800 usando como motivo reportajes y comentarios escritos que eran delitos bajo el Acta de Sedición—, diciendo que no importaba la vileza o las falsedades publicadas en los periódicos, la sabiduría y la percepción del público las “corregiría”. Sabemos, sin embargo, que el público —y no digamos nada de los contrincantes políticos— usa lo que quiere de la prensa y, en la actualidad, de los medios noticiosos y de lo que dicen otros “que saben” (ex funcionarios gubernamentales de poca monta, “analistas” políticos, el vecino y cualquiera) para llegar a las conclusiones que le interesan.
Durante la presidencia de Woodrow Wilson el Acta de Sedición cambió para, en mayo de 1918, incorporar temporeramente el Acta de Espionaje de 1917. El motivo era no exonerar por ataques al gobierno a periódicos que parecían favorecer a Alemania. Además, no se permitió que el correo aceptara y distribuyera periódicos socialistas. Con el fin de la Primera Guerra Mundial, el acta murió pues el congreso la abrogó en 1920; suerte parecida corrió la de espionaje ya que en 1921 el Congreso no la renovó. No empece, durante su vigencia las actas fueron implantadas rigurosamente y los que escapaban de la atención federal eran perseguidos y enjuiciados por el Estado en que vivían. El supremo escuchó siete apelaciones de críticos de la intervención estadounidense en la guerra que habían sido convictos por su violación del Acta, y las rechazó todas.[2]
El cumplimiento del Acta de Sedición tuvo gran impacto durante la Segunda Guerra Mundial cuando la Corte suprema de los EEUU se hizo de la vista larga y, en 1942, el Congreso le permitió a Franklin D. Roosevelt actuar a través de la oficialidad militar para restringir las actividades civiles en zonas designadas como “militares”, so pena de cárcel. Roosevelt, además, emitió una orden ejecutiva, para que las fuerzas armadas removieran de sus casas en la costa oeste a ciudadanos americanos de descendencia japonesa y los internaran en campos de concentración. La orden estaba aderezada con el llamado a hacer todo lo posible por “prevenir el espionaje y el sabotaje”.
Sorprende que, anteriormente, nada menos que Oliver Wendell Holmes, hijo, no ofreció mucha protección al disidente político y con su gran capacidad retórica creó esa frase genial pero ambigua “clear and present danger”. O sea, si las circunstancias incluyen palabras o acciones que han de traer sobre el Gobierno la maldad de la cual tiene por derecho proteger a la nación, está justificado enjuiciar y encarcelar al perpetrador del ataque, ya sea de palabra o de acción. Pasada la guerra, sin embargo, él y Louis Brandeis comenzaron a usar la prueba de “clear and present danger” para proteger a los disidentes políticos. Holmes argumentó que las acciones “publicitarias” de un hombre desconocido no podían tener gran efecto sobre las armas del gobierno.
Otras opiniones contundentes, porque estaban razonadas con gran atino, permitieron en los tardíos años 20 y el principio de los 30, bastante protección del derecho a la libre expresión que, luego de la Segunda Guerra, se fue solidificando con las intervenciones de Brandeis y Felix Frankfurter. Ese ímpetu alcanzó un ápice con las opiniones en contra del macartismo de los jueces Hugo Black y William O. Douglas ayudados por Earl Warren, William Brennan y John Marshall Harlan.
Una forma de la coartación de la libre expresión fue implantada en Puerto Rico: la ley 53 de 1948, conocida como la Ley de la Mordaza. Era una copia de la Ley Smith norteamericana aprobada en 1940, que era un regreso al acta aprobada por John Adams a fines del siglo XVIII y por Wilson a principios del XX, pero con más amplitud y especificidad. Tenía como supuesto propósito evitar las agitaciones izquierdistas (léase comunistas) en el albor de la Guerra Fría.
Al igual que las leyes de sedición anteriores esta declaraba “delito grave el fomentar, abogar, aconsejar o predicar, voluntariamente o a sabiendas, la necesidad, deseabilidad o conveniencia de derrocar, destruir o paralizar el Gobierno Insular por medio de la fuerza o la violencia”. También incluía como delito el imprimir, publicar, editar, vender, exhibir u organizar o ayudar a organizar cualquier sociedad, grupo o asamblea de personas que fomenten la intención de derrocar, paralizar o destruir el Gobierno Insular.[3]
Se desprende de este brevísimo recuento de las actas de sedición que la guerra desata un frenesí en los gobiernos que temen (con alguna justificación) ser víctimas del espionaje y el sabotaje. Es casi intuitivo que en esos momentos hay un sector de la población que sospecha de otros y que abraza rápidamente lo que percibirían bajo otras circunstancias como asedios a su libertad. Me parece obvio que la evolución histórica de las leyes de sedición norteamericanas se fue mezclando con e influyendo sobre la vida puertorriqueña y sobre los puertorriqueños como resultado de las complicaciones de nuestra condición colonial y de los sucesos geopolíticos después de la Segunda Guerra Mundial. Como ya he dicho, aunque de ninguna manera la justifico, la Mordaza supuestamente respondía a la expansión comunista de posguerra.
Esa expansión es un hecho histórico que amenazaba el balance político global inclinándolo hacia un dominio de una dictadura de izquierda (el sóviet estalinista) que reemplazaría una de derechas (los nazis). Esa historia reavivó la implantación de leyes para limitar la crítica del gobierno. Básicamente, todas las versiones de las leyes de conspiración sediciosa agrupan ideas similares que persiguen el control del ciudadano. No importan sus nombres y los distintos tiempos en que han obrado, estas leyes desembocan en las mismas consecuencias antidemocráticas.
Es difícil ver, cuando no hay una guerra que represente el famoso “clear and present danger”, cómo abogar por la autonomía o independencia de Puerto Rico puede representar un riesgo a la estabilidad de los Estados Unidos.[4] En el caso particular de Oscar López Rivera, encarcelado en 1981, sin haber sido acusado o convicto de ningún delito de violencia, el cargo de conspiración sediciosa es particularmente difícil de entender. Usemos como ejemplo el argumento de Wendell Holmes. ¿Cómo puede ser una amenaza contra el gobierno y sus armas un hombre anónimo y envejecido, no importa lo que diga o lo que piense?
Pesa sobre él también la conexión inescapable, aunque puramente histórica (de nuevo la historia), de la revuelta nacionalista de los años 50 y el recuerdo de los años de la Mordaza. El conocimiento de las agencias de seguridad norteamericanas de los sucesos de entonces, particularmente el atentado contra el presidente Truman y el ataque al Congreso de los EEUU, marcan a López, por asociación, como un subversivo capaz de matar. Esa idea infundada lo ha conectado hipotéticamente con la explosión en el histórico edificio que alberga Fraunces Tavern cerca de Wall Street, sin que haya evidencia de una conexión entre ese hecho y Oscar.
La bomba que se detonó en la histórica taberna y destinación turística el 24 de enero de 1975, mató cuatro personas e hirió a más de cincuenta. El grupo puertorriqueño, Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) se responsabilizó del suceso, pero hasta ahora nadie ha sido acusado ni enjuiciado por el caso. La FALN ya había colocado bombas en Nueva York y Chicago exigiendo que se liberara a los presos políticos nacionalistas. López no ha negado ni confirmado su membresía en la FALN e indica que no tuvo nada que ver con la explosión en la taberna cerca de Wall Street. A pesar de la falta de evidencia y la ausencia de una acusación basada en hallazgos que incriminen a López, parte de la prensa y, en los últimos años, artículos o comentarios en las redes sociales, se han encargado de acusarlo y enjuiciarlo basándose en creencias sin fundamentos. No solo eso: lo declararon, sin fundamento alguno, como líder de la conspiración. Eso, junto al hecho de que Fraunces Tavern es un lugar icónico en la Guerra de la Revolución norteamericana (sus dueños son “Los hijos de la revolución”) también pesa en la mente de los que vieron y siguen viendo el ataque como una injuria a la herencia de la Nación.
Como es de esperarse, las familias de los fallecidos en la explosión tienen odio y aversión contra el acusado, no empece la falta de evidencia de tan siquiera la sombra de una duda. La fuerza de esas opiniones que mezclan hechos y conjeturas que forman una “historia”, estuvo de manifiesto cuando el Presidente Clinton indultó a todos los presos políticos puertorriqueños. Se desató una campaña extensa y viciosa en contra del indulto. Peor aún, más tarde, otra campaña de grupos similares influyó adversamente sobre la posibilidad de libertad para López cuando, luego de él rechazar el indulto por convicciones morales y éticas, su caso vino a la atención de la junta de libertad bajo palabra. Las opiniones infundadas y los esfuerzos difamatorios de algunos indujeron a la junta a negarle la libertad condicional a López.
Un suceso que sospecho que ha incrementado la aversión hacia Oscar de cierta parte del público norteamericano es el histórico ataque a las Torres Gemelas en 2001.[5] En un país donde aún rige el Acta de Sedición (18 USC Capítulo 115) llegó como resultado, disfrazada de patriotismo y con términos mucho más abarcadores, una versión más severa que el Acta de Sedición: la ley conocida con el nombre de “USA PATRIOT Act” (Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools[6] Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act). Firmada por George W. Bush en 2001, el nombre de la ley nos demuestra cómo se puede usar el lenguaje para engañar al ciudadano. ¿Qué otra cosa puede hacer la persona común si no rendirse a la idea del patriotismo cuando piensa que su país está bajo ataque y que el enemigo tiene armas de destrucción masiva?
La controversia con el acto “patriota” continúa y muchos entienden que le da capacidad exagerada al gobierno para hacer cosas que el mismo gobierno que hace cumplir la ley, las ha declarado antes antidemocráticas o fascistas. Como sea, la era del terrorismo en los Estados Unidos ha convertidofalsedades o medias verdades a hechos incontrovertibles en la mente de los ignorantes, los fanáticos y los aprovechados (ayudados por la televisión y las redes).Esa “historia”, ha pesado negativamente contra la posibilidad de que Oscar López Rivera sea indultado.
Anteriormente he puesto en duda si el cargo de conspiración sediciosa no es más válido para los movimientos de secesión que se han generado en los Estados Unidos como reacción a la elección de un presidente negro que para Oscar.[7] Las campañas de personas armadas que amenazan públicamente al Gobierno y al Presidente norteamericano son mucho más gráficas que cualquier folletín que haya podido imprimir o cualquier acción que se le pueda adjudicar directamente a Oscar López Rivera.
Es evidente que la balanza de su “justicia” la ha inclinado el peso de una “historia” que es mezcla de realidad y ficción, y que tiene que ver con la paranoia ancestral de un país fundado sobre una curiosa base xenófoba. Lo único que puede devolver el balance a esa pesada “historia” que inclina la balanza de la justicia para Oscar es la política. Ya se ha criticado a la administración de Obama por su pobre desempeño con los indultos a prisioneros que han cumplido más cárcel de la cuenta. El peso de la “historia” también ha paralizado las acciones de un presidente liberal, que no dudo quiera liberar a Oscar, porque la derecha y el resto de su oposición quiere borrarlo de la historia. Una vez que entre en la etapa final la presente administración norteamericana —después de las elecciones congresionales de este año— la historia puede que sea distinta. El presidente Obama tiene que salvaguardar la imagen que de él tendrá la historia. Según se distinga cuál ha de ser esa historia, ese yugo se debilitará y será más factible que Oscar López Rivera vuelva a casa.
Notas:
[1] Jamieson KH, Hardy BW, Romer D: The Effectiveness of the Press in Serving the Needs of American Democracy; en A Republic Divided, The Annenberg Democracy Project; Oxford University Press, Inc. Oxford; New York 2007
[2] Graber, M: From Republic to Democracy: The Judiciary and the Political Process, en The Judicial Branch, Kermit L. Hall and Kevin T. McGuire, Eds; Oxford University Press, Inc. Oxford; New York, 2005
[3] Acosta I; La mordaza; Puerto Rico 1948-1957; Editorial Edil, Inc.,Río Piedras, Puerto Rico, 1998.
[4] Tal vez lo sea para los intereses económicos de las empresas norteamericanas, pero no a la estabilidad del Gobierno en Washington.
[5] Sin duda, ahora también estimula la animosidad contra Oscar la bomba que explotó en el Maratón de Boston. De hecho, cualquier posibilidad de “terrorista” o “terrorismo” influye en que no se quiera dejar salir a Oscar López Rivera de la cárcel.
[6] Es curioso que “appropriate tools” incluye, como sabemos, la tortura.
[7] Oscar y la segunda enmienda; El Nuevo Día, martes, 25 de julio de 2013.
Lista de imágenes:
1. Dibujo por confinado anónimo de la prisión estatal Pelican Bay en California.
2. Dibujo por el confinado Thomas Edward Silverstein.
3. Dibujo por confinado anónimo de la prisión estatal Pelican Bay en California.
4. Dibujo por confinado anónimo de la prisión estatal Pelican Bay en California.
5. Dibujo por Katherine Fontaine, quien es defensora de los derechos de los confinados.
6. Dibujo por Katherine Fontaine.
7. Dibujo por Herman Wallace, confinado de alta seguridad de la prisión de Angola en Louisiana y fundador del Capítulo Angola de las Panteras Negras. Junto a Albert Woodfox y Robert King era conocido como uno de Los 3 de Angola.
