Pasada la campaña electoral y conocidos los resultados de las votaciones, podemos tomar un descanso, pero no largamente pausado ni confiado en que todo marchará tal y como el partido político triunfante lo ha prometido. Si votar es un derecho democrático que ejercemos cada cuatro años, gestionar la democracia mediante acciones concertadas y eficaces es un deber permanente, una exigencia ciudadana sin la cual el voto se convierte en un ejercicio políticamente inconsecuente. Elegido el nuevo gobierno, es imprescindible continuar y renovar la participación ciudadana.
No es común que la mayoría de los votantes examine los programas de gobierno de los partidos políticos. Sin embargo, es importante hacer una lectura crítica del de las propuestas administrativas del Partido Popular Democrático, ganador de la pasada contienda. No importa cuál haya sido el voto de cada cual, en la democracia por hacerse hay que aprender a gestar consensos y a reclamar el debido respeto ciudadano, que comienza por la voluntad política de hacer con los otros en la diversidad y el reconocimiento de las diferencias.
En materia de política se construye lo posible con las miras futuras puestas en alcanzar las aspiraciones ulteriores o las ideales. Propongo que en la agenda de nuestras gestiones y exigencias sean prioridades, entre otras, las políticas culturales. Si el Partido Popular Democrático afirma en su documento que el mismo “recoge las voces y las aspiraciones de miles de puertorriqueños y puertorriqueñas”,[1] favorecido por el voto de la mayoría, está obligado a legislar y ejecutar a favor no solo de esos miles, sino de toda la ciudadanía.
La creación de nuevas políticas culturales, o las que serán rescatadas de otros trazados inconclusos, son aspectos primordiales que debemos velar, reivindicar y garantizar. Toda propuesta contenida en el programa de un partido requiere no sólo el poder para ponerla en marcha, sino la voluntad política para cumplirla. Al gobierno que inaugurará en enero de 2013 es menester recordarle continuamente, es un deber, su aseveración explícita plasmada por escrito:
“Un programa de gobierno no puede ser un mero listado de promesas por mejor intencionadas que éstas sean; tampoco puede partir de análisis simplistas, producto de la improvisación, el manejo incorrecto o insuficiente de información o, peor aún, del mero afán electoral, en menosprecio de la inteligencia del ciudadano”.[2]
Tampoco debe ser tomado como documento escrito en piedra, claro está. Mucho cuidado con el esencialismo cultural. Es muy fácil acudir a los principios “inmutables” intrínsecos al origen de los partidos políticos.
El disfrute de los bienes culturales de un país es un derecho y un deber ciudadano. Observamos que el PPD se comprometió a cumplir con diez mandatos (no mandamientos, no los confundamos). Probablemente, si expandimos los significados del término cultura y su amplitud comprensiva, todos están relacionados con el quehacer cultural.
Sin embargo, uno de ellos, el séptimo, invertir en el talento y la creatividad de nuestra gente,[3] merece nuestra atención, porque, a nuestro juicio, diligenciar la cultura es una tarea política, social y económica. Precisamente, con el título Potenciar nuestro capital cultural y reconocer su valor en el desarrollo de nuestra cultura, el objetivo Popular plantea un compromiso con el impulso de nuestra cultura vinculado al desarrollo económico.[4] Entendemos que no se trata de circunscribirse a presupuestar a favor del Instituto de Cultura Puertorriqueña y sus derivados, sino de reconocer el espectro extenso y variado del imaginario cultural, cuya función como construcción por el Estado fue traída consigo por la modernidad y aún no ha sido superada.
El filósofo, antropólogo y sociólogo argentino, Néstor García Canclini, enfoca la comprensión de las políticas culturales como el producto del análisis de los paradigmas ideológicos confrontados con su práctica.[5] Aporta el autor la reflexión sobre la pluralidad y el desarrollo libre de la cultura como medio de proyección social hacia el futuro mediante políticas culturales que no sólo asuman la organización administrativa como responsabilidad estatal o la difusión de la cultural oficial, sino como promoción del crecimiento cultural de todos los ciudadanos y los grupos representativos de la sociedad.
Eso es lo que está en juego en el mandato siete. Ahora bien, esperar que el gobierno lo cumpla disminuye la capacidad de intervención ciudadana, si la espera no está acompañada y asistida por la participación activa y constante de los gestores culturales.
Además del vínculo con el desarrollo económico, hay, evidentemente, una ligazón entre el desarrollo cultural y el educativo formal. Educar para la vida supone orquestar todo un andamiaje conceptual y estructural que propicie la eficacia de la enseñanza y el aprendizaje. La propuesta gubernamental de un modelo cultural con esas características no es necesariamente una ruptura con lo anterior; nunca las discontinuidades son completas, sino que conllevan atisbos de continuidad con el pasado, en este caso, con la herencia cultural del muñocismo estatalmente institucionalizado hasta nuestros días.
En ese sentido, es importante acotar que la oferta cultural[6] del PPD trae reminiscencias de los años de efervescencia institucional del Estado muñocista cuando la conservación del patrimonio cultural, el fomento de las artes, la cimentación de relatos y monumentos fundacionales y la erección de espacios donde albergar los tesoros simbólicos (museos, bibliotecas, archivos, etc.,) constituían la agenda cultural. En aquellos tiempos la educación y la promoción cultural convergieron en los dos principales aparatos ideológicos del Estado para la edificación del imaginario de una identidad puertorriqueña o la personalidad del puertorriqueño en el Estado Libre Asociado.[7]
Interesantemente, en cuanto a la valoración del acervo cultural, hay una proposición cultural del PPD para resucitar la División de Educación de la Comunidad (DIVEDCO), creada el año 1949,[8] entidad que prefiguró la institucionalización de la cultura con un matiz de diseño de educación popular para una masa poblacional eminentemente campesina, y la posterior creación el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 1955. Propone incentivar la actividad cultural, canalizarla y dotarla de espacios para su difusión:
“Para ello continuaremos apoyando con recursos el trabajo incansable de nuestros museos, talleres, y ferias. Específicamente, a través de la División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO), apoyaremos el sector artístico sin fines de lucro, particularmente en las comunidades a través de toda la Isla, ya que este sector juega un papel importante en su desarrollo económico y social,[9]
y añade:
“Reestableceremos un proyecto actualizado de la División de Educación a la Comunidad (DIVEDCO) en estrecha colaboración con la WIPR”.[10]
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Incluso, se vislumbra ese organismo como el componente de apoyo a la gestión cultural, pero también se convertiría en proveedora de “experiencias culturales y educativas que enriquezcan las vidas de la gente y los pueblos”.[11] Toda una superestructura.
La doctora Catherine Marsh Kennerley, autora de Negociaciones culturales: los intelectuales y el proyecto pedagógico del Estado muñocista,[12] afirma que el conocimiento sistemático de la historia de la DIVEDCO es clave para la comprensión del issue de la cultura puertorriqueña en la actualidad.[13] Planteamiento que no debemos pasar inadvertido. Y es que, como en todo acontecer político, las cosas no funcionan idílicamente.
Por ejemplo, caber recordar que no hubo coincidencias ideológicas plenas entre los artífices de la División y que las alianzas no estuvieron exentas de conflictos entre los funcionarios del Estado, los intelectuales y los artistas reclutados. Aquel plan articuló una confluencia entre cultura y política, mitología puertorriqueñista y realidad socioeconómica como partes de la misma agenda de “conservar y proteger una esencia fijada artísticamente en el imaginario puertorriqueño”.[14]
DIVEDCO deber seguir un consejo para que su posible restablecimiento no se convierta en un refrito del muñocismo cultural, especialmente, en las imágenes discursivas que se produzcan. Éste es ponderar que a partir de los años ‘60, época del auge urbanístico, cuando la ruralía agrícola perdió terreno, literalmente, frente al desarrollismo económico, DIVEDCO trabajó para la educación de la comunidad sin incluirla o ser parte de ella, de su organización y proceso autogestionario, firmó el acta de defunción de ese organismo.
Hoy, con un Puerto Rico muy distinto al contexto que albergó a la División de Educación de la Comunidad –y también a la fundación del Instituto de Cultura Puertorriqueña, cuya importancia central ya no vemos en el programa del PPD– la gestión cultural ciudadana debe rebasar los intentos de centralización gubernamental. Del Estado debemos conminar el apoyo y la potenciación, pero cuidarnos tanto del paternalismo estatal como del nacionalismo cultural muñocista, aquella fórmula pretendidamente instaurada como garante de la identidad colectiva puertorriqueña diferenciada de la estadunidense en una nación sin estado soberano y asociada a otra.
Apenas salimos del trance del proceso electoral y aún no conocemos con certeza cuáles serán los proyectos de legislación cultural que promoverá el nuevo gobierno. Es fundamental estar alerta, participar en la gestión de políticas culturales y exigir que constituyan prioridades programáticas, no simplemente afirmaciones culturales institucionalizadas para apoyar a un partido político.
Notas:
[1] Un nuevo camino, una nueva esperanza, primero la gente: plataforma de gobierno del Partido Popular Democrático 2012, [Consultado: 30/9/2012).
[2] Ibid.
[3] Ibid.
[4] Ibid., 58.
[5] Néstor García Canclini, Políticas culturales en América Latina (México: Editorial Grijalbo, S.A., 1987), pág. 54.
[6] Un nuevo camino, una nueva esperanza, 136.
[7] Véase al respecto: Luis Muñoz Marín, “La personalidad puertorriqueña en el Estado Libre Asociado”, discurso pronunciado en la Asamblea General de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, 29 de diciembre de 1953, ALMM, Sección V, Luis Muñoz Marín: Gobernador de Puerto Rico (1949-1964), Serie 9, Discursos y Mensajes, Caja 6, Cartapacio 4, Documento 10, página 4.
[8] El inicio no oficial de las operaciones de la DIVEDCO fue en el año 1946, pero se instituyó oficialmente por la Ley Número 372 aprobada en el año 1949.
[9] Un nuevo camino, una nueva esperanza, primero la gente, 211.
[10] Ibid., 213.
[11] Ibid.
[12] Catherine Marsh Kennerley, Negociaciones culturales: los intelectuales y el proyecto pedagógico Muñocista (San Juan: Ediciones Callejón, 2009).
[13] Ibid. 14.
[14] Ibid., 132.
Lista de imágenes:
Carteles de DIVEDCO
1. Isabel Bernal, El hombre esperado.
2. Julio Rosado del Valle, Desde las nubes.
3. Antonio Maldonado, Cuando los padres olvidan, 1961.
4. Rafael Tufiño, La casa de un amigo, 1968.
5. Eduardo Vera Cortés, Huracán, 1965.
6. Eduardo Vera Cortés, El resplandor, 1969.
