A principios del mes pasado, tumbaron la decisión del Ejecutivo luso, ratificada en el Parlamento el 29 de julio pasado por las fuerzas que integran el Gobierno de centro derecha (el conservador Partido Social Demócrata y los democristianos del CDS-PP), encaminada a facilitar el despido de los funcionarios. Consideraron que eso no encajaba con el texto constitucional, que la ley era ilegal y echaron para atrás la medida. Dejaron al Ejecutivo portugués sin los 894 millones que tenía pensado ahorrar en tres años a cuenta de los empleados públicos (la mayoría en el sector de Educación y Sanidad).
El cántaro prodigioso de la lechera se le rompía a Passos Coelho antes de comprar las vacas. Los culpables: Las seis mujeres y siete hombres, presididos por el juez presidente del tribunal Joaquim Sousa Ribeiro que componen el Tribunal Constitucional portugués. Se convirtieron en el dique de contención de las principales medidas de ajuste del Gobierno conservador.
La decisión del tribunal portugués es el segundo revés a leyes del Gobierno de Passos Coelho durante este año después de que en abril – entonces con Vítor Gaspar como mano derecha económica del primer ministro – considerase ilegales varias medidas de corte, entre ellas una bajada de salarios a los funcionarios y pensionistas.
El veredicto forzó a buscar medidas adicionales de ahorro por 1.300 millones de euros mediante una rebaja del 10 % en los gastos de los ministerios, el aumento de 35 a 40 horas semanales de trabajo entre los funcionarios o el retraso de la edad de jubilación de 65 a 66 años.
Passos Coelho que eligió desde el primer momento seguir a rajatabla los dictados de la troika (incluso ir un poco más allá) se ha comprometido con los hombres de negro a ahorrar, a base de una nueva ola de recortes en la función pública, 4.700 millones de euros en 2015, centrados, sobre todo, en el despido de funcionarios y en el ahorro en ministerios del área social.
Pero han sido muchas las medidas adoptadas a ese fin que han acabado en papel mojado una vez han pasado por el Palacio Ratton, sede del Tribunal Constitucional portugués, remitidas para su ‘revisión preventiva’ por diferentes instituciones (sindicatos, el Defensor del Pueblo e incluso el mismísimo Aníbal Cavaco Silva, Presidente de la República y un maestro a la hora de anticipar el momento que más le conviene a sus intereses políticos).
Cada fallo negativo para el ejecutivo de Passos Coelho – que desde la crisis política que se abrió y cerró en julio tiene como hombre fuerte (y cargo de vice primer ministro) a Paulo Portas, líder del democristiano CDS-PP – es un motivo de celebración (y un alivio para su bolsillo) para los 600.000 empleados públicos y los casi tres millones de jubilados (un tercio de la población lusa) pero un duro golpe para el ejecutivo portugués, que con cada sentencia negativa de los 13 jueces, además de debilitarse políticamente, se ve obligado a responder ante la troika sobre su incapacidad para llevar adelante su promesa de más recortes, al menos en el tiempo y en la forma pactada.
Los técnicos de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional que visitaron Portugal a mediados del mes pasado – en plena campaña electoral para las municipales del 29 de septiembre – para realizar una nueva inspección – la octava y novena de forma conjunta, después de que la prevista para junio fuese aplazada por dos veces – con el objetivo de evaluar los avances en el programa de ajustes luso, acordado a cambio de su rescate financiero deberían de haber incluido a los jueces del Constitucional entre los interlocutores sociales con los que se reunieron, teniendo en cuenta el poder decisorio que estos han adquirido.
Para empleados públicos, jubilados, pensionistas y parados sus sentencias se han convertido en un décimo de la totoloto que siempre toca. Pero en el Gobierno – más troikista que la troika – y en el PSD ya hay quien habla de la necesidad de una modificación constitucional acordándose tal vez y salvando las distancias del ‘Court Packing Plan’ de Franklin D. Roosevelt. En el bando de la derecha consideran que el Constitucional no tiene en cuenta la situación catastrófica de la economía lusa y que sus argumentos a favor del Estado de Derecho (es decir su supremacía) para invalidar muchas de las medidas aprobadas por el Gobierno solo conseguirán que Portugal se vea abocado a recurrir a Bruselas a por un nuevo rescate.
Pero además del Gobierno, la troika (y ahora el Tribunal Constitucional) principales actores en este drama digno de João Canijo – en el que está instalado el país desde hace casi tres años – hay un variado y lujoso elenco de secundarios – jubilados pensionistas y desempleados, amas de casa, funcionarios y estudiantes, autónomos, empresarios y sindicalistas – para los que no se trata únicamente del texto constitucional, sino del orgullo y de la dignidad de todo un país. Un pueblo necesitado de alguna noticia positiva (los famosos brotes verdes) que le haga recuperar la ilusión frente a la crisis más profunda y demoledora de toda su historia reciente.
